Paradójicamente, esta operación tan brillantemente planteada, y que en poco tiempo ofreció incluso la perspectiva de poder extenderse también a Banesto cuando el Central para rehuirla le ofreció la fusión de ambas entidades, sería la última gran aventura empresarial de Alberto Alcocer y Alberto Cortina en lo que hoy es el imperio empresarial de FFC. La aventura no sólo terminó en 1990 con el divorcio de sus respectivas ex mujeres, Esther y Alicia Koplowitz, quienes al final vendieron al Central con minusvalías el 51% de Cartera Central procedente de la venta de Urbanor y el 49% adquirido unos meses antes a KIO, sino que años después daría lugar al verdadero calvario judicial y mediático sufrido por los primos durante los últimos diez años.
La separación y salida de los Albertos del imperio que habían creado durante los últimos veinte años fue precipitada a raíz de la publicación, en plena batalla con Mario Conde por el control de Banesto, de unas fotos de Alberto Cortina saliendo de un hotel de Viena con Marta Chávarri, luego divorciada del marques de Cubas, otrora hombre de confianza de Esther Koplowitz en FCC. Los problemas judiciales serian promovidos precisamente por Pedro Sentieri y los hermanos San Martín, a quienes más habían enriquecido los primos después de sus mujeres, en este caso debido a las plusvalías de la operación combinada Urbanor-Cartera Central.
Este juego de sucesivas paradojas se acrecienta por el hecho de que, mientras los Albertos percibieron por la separación patrimonial de las Koplowitz apenas 5.600 millones de pesetas cada uno, la suma de ambas cifras sería incluso inferior a los cerca de 12.000 millones de pesetas conseguidos por Pedro Sentieri y sus socios a raíz de la venta de Urbanor a KIO y de la querella que estos les pusieron cinco años después, por la que los primos fueron inicialmente absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid pero luego irregularmente condenados en revisión por el Tribunal Supremo el año 2003, sentencia que fue por ello anulada a finales de febrero del 2008 por el Tribunal Constitucional y finalmente en junio de este mismo año por el propio Tribunal Supremo.
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